Un reportaje nacional realizado por el medio Reportea expuso la existencia de programas que ofrecen terapias de conversión para cambiar la orientación sexual de una persona. Sí, aunque parezca ilógico, en pleno 2026 estas prácticas continúan funcionando de forma privada en Chile.
Las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), se definen como intervenciones de diferentes naturalezas que tienen como consigna intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Esto, partiendo de la falsa creencia de que quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ están “enfermas”.
La ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, vigente desde 2021, establece que ni la orientación sexual o la identidad de género de alguien pueden ser consideradas trastornos o enfermedades, por lo que un diagnóstico no puede tener una base discriminatoria. Sin embargo, en Chile no existe una ley específica que penalice estas prácticas y, de hecho, en América Latina continúan perpetrándose bajo las sombras disfrazadas de cursos o retiros espirituales que imparten pastores de la Iglesia Evangélica o, incluso, profesionales de la salud mental.
“Desde siempre el miedo era latente; que si yo no hacía todo de mi lado para poder dejar de ser gay, iba a estar condenado al infierno y a la muerte física, ya que el diablo iba a venir a matarme. Que tenía mi mente reprobada, y que mi conocimiento estaba “entenebrecido’”, declara uno de los entrevistados por Reportea, recordando las prácticas de conversión a las que fue sometido por una iglesia de Santiago.
Es en ese contexto que surgen preguntas necesarias: ¿Se puede llamar “terapia” a algo que es claramente una tortura? ¿Una violación a los derechos humanos? ¿A algo que deja heridas emocionales imborrables? Según una investigación publicada en la revista Journal of Homosexuality, los jóvenes que fueron expuestos a estas prácticas reportaron una probabilidad tres veces mayor de altos niveles de depresión e intentos de suicidio. Asimismo, tienen más riesgos de caer en abuso de sustancias, autolesión, respuestas postraumáticas, pérdida de conexión con la comunidad, relaciones familiares dañadas, autoculpabilización, culpa y vergüenza.
La misma ONU afirma en un artículo que estas terapias equivalen a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pese a eso, nuestro país carece de una ley específica que prohíba y sancione este tipo de prácticas. En el mismo texto, Víctor Madrigal-Borloz, experto en la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, recomienda explícitamente que los Estados condenen estas terapias y que tomen medidas urgentes para proteger a los niños y jóvenes. Algo que ya hicieron países como Alemania, Francia o México. Un paso que parece obvio para la protección de los derechos humanos, pero que Chile todavía no se decide a tomar.
Pero la creación de esta ley parece todavía más lejana frente a un gobierno que promueve ideas que amenazan los derechos de las diversidades y que, además, todavía recurre a discursos religiosos para condenar a las personas no heterosexuales. De acuerdo con lo que consigna El País, antes de que la actual ministra de la Mujer, Judith Marín, llegara al cargo, fue una de las firmantes de una carta dirigida al Consejo Nacional de Televisión, luego de que se presentaran denuncias en contra de un programa de TV que mostraba a una mujer que había “dejado la homosexualidad gracias a una terapia de conversión”. En la carta se pedía desestimar las denuncias y se aseguraba que no es “correcto que se fomente la homosexualidad en Chile” y que “es necesario que se muestren las otras posturas, creencias y experiencias como una alternativa válida y real para otros”.
Mientras una ley que prohíba estas torturas siga sin concretarse, nuestra responsabilidad es no bajar los brazos. Continuar visibilizando, todavía con más fuerza, que las terapias de conversión siguen existiendo, que, pese a que parezca una realidad distante, hay una gran cantidad de historias en la comunidad LGBTIQ+ de personas que todavía cargan con secuelas emocionales o físicas a causa de esto. Es necesario informarnos al respecto y exigir su prohibición para que ninguna persona vuelva a ser sometida a estas violencias con el pretexto de una falsa “cura”.
Columna escrita por Eleonora Olave
