Chile es un país con altas tasas de problemas de salud mental, siendo la principal fuente de enfermedad. A su vez, constituyen una alta carga a nivel de costos directos e indirectos que afectan negativamente a los individuos que la padecen, sus familias y la sociedad (Errázuriz, Valdés, Vöhringer y Calvo, 2015).
Los problemas de salud mental afectan en mayor medida a las personas con menor nivel educacional, a los jóvenes, mujeres y de manera particular a individuos pertenecientes a pueblos originarios.
El actual sistema de salud mental en Chile se basa en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría implementado en el año 2017. El que tiene como propuestas el debido financiamiento y la concentración en enfermedades prioritarias, lo que enfatiza el rol del modelo comunitario en el tratamiento. Este modelo impulsa la participación del entorno social de la persona afectada para darle apoyo y ayuda, así como a sus cuidadores, y la prevención enfermedades mentales (MINSAL, 2017).
El gasto público en salud mental en Chile se encuentra muy por debajo en relación a países desarrollados, alejándose de la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, la cobertura se reduce, lo que obliga a desarrollar, principalmente, tareas curativas.
“Genera gastos de bolsillo a las personas, aumenta la automedicación de psicofármacos y sobrecarga a los equipos de salud primaria y especializada, entre otras consecuencias” (MINSAL, 2017, p.5).
La distribución de los recursos en el ámbito nacional es aún bastante desigual. El financiamiento otorgado para el cuidado de la salud mental se basa en el seguro de salud público, al que accede aproximadamente el 80% de la población.
Con respecto a lo anterior, el presupuesto que el sector público destina al área de salud mental ha disminuido considerablemente desde el año 2012, descendiendo de un 2,16% a 1,9% en el año 2019. Lo que se traduce en una escasa inversión que limitaría el correcto desarrollo, así como de la promoción y ejecución del modelo integral de salud.
Barreras que mantienen la prevalencia de trastornos mentales en Chile
En primer lugar, la promoción de salud mental consiste en la creación de espacios y condiciones de vida que permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de acciones para aumentar las posibilidades de que más personas tengan una mejor salud mental. La OMS señala que:
“Un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos es fundamental para la promoción de la salud mental. Sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos resulta muy difícil mantener un buen nivel de salud mental” (2018).
Una de las barreras a considerar es la falta de tratamiento ante la ausencia de promoción efectiva, debido a las diferentes carencias que se manifiestan a nivel global en Chile (educación, salud, trabajo). Esto fomenta la inequidad en la población y desencadena una desamparada salud mental, aumentando el desarrollo de trastornos y, en consecuencia, bajo acceso a tratamientos para mejorar la situación.
En este sentido, la promoción de salud mental debería ser fomentada a través de los recursos, habilidades y fortalezas de los actores implicados (especialistas), así como de las familias, comunidades e instituciones.
A su vez, la población puede percibir una falta de efectividad en el tratamiento, ya sea por experiencias propias o ajenas. Muchas personas también creen que el problema se resolverá por sí mismo e intentan manejarlo sin ayuda externa, condición que sería erradicada si existiera la correcta promoción y educación sobre los distintos trastornos mentales.
Otras barreras perjudiciales directas son los aspectos financieros y la insuficiente disponibilidad a servicios, asociados a la reducida cantidad de especialistas por la escasez de recursos. La falta de conocimiento de las enfermedades mentales y el estigma asociado con estas, son las principales razones de por qué la búsqueda de tratamiento no es una práctica recurrente.
El cuidado de la salud mental y los especialistas para infantes y adultos mayores son limitados, y la mayor parte del tiempo su servicio no está disponible. En nuestro país existe una amplia disparidad entre recursos disponibles y la concentración de especialistas en el mundo privado, que corresponde al 20% de la población, llegando niveles alarmantes (Benjamín, Saldivia y Pihán, 2016, p.57).
Las brechas en el tratamiento son más grandes para cierta parte de la población, como las personas de menores ingresos, dado su mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales y su menor acceso relativo al tratamiento. Esto incrementa la prevalencia de enfermedades mentales sin posibilidad de recibir tratamiento.
A su vez, esto involucra la segregación provocada por el sistema de atención mixto, integrado por el seguro público, bajo la entidad de FONASA y el sistema privado de ISAPRES, en donde no sólo la calidad y espera de atención marca una diferencia rotunda, sino que también la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado es baja.
Con respecto a la población indígena, el estudio de comparación de situación de salud de los pueblos indígenas de Chile, realizado por el Ministerio de Salud (2016), señala que los trastornos que más afectan a la población indígena tienen relación con la depresión, suicidio y alcoholismo. Lo anterior sería explicado por las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que vivencian como comunidad.
Del mismo modo, los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas se ven expuestos a situaciones de discriminación sistemática, desarraigo familiar y territorial, además de falta de oportunidad laboral, lo que demuestra la grave marginación y desprecio por la vida tradicional de las comunidades indígenas.
Los trastornos mentales no son sólo un problema creciente en la salud pública, sino que también influyen en aspectos sociales y económicos. La inversión en salud mental debe ser acorde a la prevalencia de trastornos mentales, la magnitud de la discapacidad causada por estos trastornos y la utilización de los servicios por parte de estos pacientes.
La pobreza como círculo vicioso
La baja inversión en salud mental genera un círculo vicioso cuando de pobreza se trata. El hecho de sufrir un trastorno mental implica un descenso en la productividad a la sombra del costo de un tratamiento largo, lo que contribuye a mantener la situación de pobreza. De igual manera, la población de escasos recursos es más proclive a desarrollar y mantener trastornos mentales, lo que finalmente provoca un círculo vicioso.
De este modo, los costos de no invertir en salud mental provocan una falta de eficacia en cuanto a la entrega de servicios debido a la baja promoción y correcta ejecución del Plan de Salud Mental. Esto involucra la escasez de especialistas insertos en el servicio público, lo que aporta al mantenimiento de la pobreza (aunque no en su totalidad, considerando el modelo neoliberal-capitalista imperante en Chile).
Prevalencias y brechas hoy, salud mental mañana
La principal intención debe ser otorgar una atención digna y eficiente a los pacientes que padecen de trastornos mentales. La importancia recae en el aumento del porcentaje de presupuesto público de salud orientada a salud mental, así como también realizar estudios para detectar patologías mentales que requieran ser incluidas como nuevas enfermedades del plan AUGE y GES.
Además de progresar en los objetivos y estrategias que respecta al Plan Nacional de Salud Mental con materia en derechos humanos, es necesaria una perspectiva de promoción para inducir un cambio cultural de la comunidad que incentive su participación.
Se requiere, entonces, de presupuestos orientados a impulsar cambios en los hábitos, transformaciones culturales y relacionales orientadas a la integración social y la inclusión, tareas en las que nuestro país recién se inicia.
Sin los recursos adecuados, hoy en día los servicios de salud mental no dan abasto con la población que requiere de sus servicios, denotando la carente preparación que posee la salud en Chile para combatir la creciente prevalencia de trastornos mentales en la población nacional.
Para que la carga asociada con los trastornos mentales sea paulatinamente reducida, es necesario identificar las brechas en el tratamiento y reducir el retraso en el acceso a la atención que durante años ha significado una larga espera para quienes necesitan ser atendidos.
Aunque en los objetivos propuestos en el último Plan de Salud Mental se apunta a la intención de generar paridad en salud, hoy en día nos encontramos bastante alejados de esa posibilidad si no se progresa en las brechas de prevención, promoción e intervención.
Referencias:
- Errázuriz, Paula, Valdés, Camila, Vöhringer, Paul A, & Calvo, Esteban. (2015). Financiamiento de la salud mental en Chile: una deuda pendiente. Revista médica de Chile, 143(9), 1179-1186. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015000900011
- MINSAL (2014). Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. http://deis.minsal.cl/index.asp
- MINSAL. (2018). Modelo de Gestión Centro de Salud Mental Comunitaria. Recuperado de: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.03.28_MODELO-DE-GESTION-CENTRO-DE-SALUD-MENTAL-COMUNITARIA_DIGITAL.pdf
- MISAL (2017). Plan nacional de salud mental 2017-2025. Recuperado de: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/12/PDF-PLAN-NACIONAL-SALUD-MENTAL-2017-A-2025.-7-dic-2017.pdf
- Organización Mundial de la Salud (2017). Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones sanitarias mundiales. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34006/PAHONMH17005-spa.pdf
- Vicente, Benjamín, Saldivia, Sandra, & Pihán, Rolando. (2016). Prevalencias y brechas hoy: salud mental mañana. Acta bioethica, 22(1), 51-61. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2016000100006
- World Health Organization (2013). Investing in mental health. Evidence for action. Geneva: WHO.
